Investigan
a obras sociales
por un crédito del Banco Mundial
El fiscal Stornelli pidió al juez indagar
a más de 120 sindicalistas, ex funcionarios y empresarios
de la salud porque sostiene que habrían desviado fondos a
ciertas empresas.
De acuerdo a una nota de investigación
realizada por el periodista Daniel Santero y que publicó
en enero el diario Clarín, el fiscal Carlos Stornelli solicitó
al juez federal Norberto Oyarbide "la indagatoria por fraude
al Estado de varios popes sindicales, ex funcionarios del menemismo
y de la Alianza y decenas de empresarios de la salud por el desvío
de parte de un crédito de 285 millones de dólares
del Banco Mundial para la reconversión de las obras sociales
en los noventa".
"En una denuncia de más de 400 páginas a la que
tuvo acceso Clarín en exclusiva en fuentes judiciales, Stornelli
afirmó que miles de dólares que debían destinarse
a mejorar el sistema de salud de los trabajadores terminaron en
los bolsillos de los sindicalistas y sus socios con la "connivencia"
de funcionarios que debían controlar ese préstamo
internacional".
"La solicitud de indagatoria como sospechosos del fiscal abarca
a más de 120 sindicalistas, ex funcionarios y empresarios
de la salud. Entre los señalados por Stornelli figuran Armando
Cavalieri (mercantiles), Juan José Zanola (bancarios), Antonio
Cassia (petroleros), Gerardo Martínez (constructores) y Gerónimo
Venegas (trabajadores rurales), entre otros (ver Los imputados...).
El juez Oyarbide decidirá si acepta el pedido luego de que
termine la feria judicial de enero".
"Para el fiscal, parte de esa plata entregada entre marzo de
1996 y julio del 2000 a determinadas obras sociales _la mayoría
eran de los sindicalistas más afines al menemismo_ se usó
para pagar deudas que no existían a la fecha de la firma
del préstamo o pagar cursos de capacitación que no
se hicieron a empresas creadas al efecto e integradas por conocidos
de los sindicalistas que incluso contrataron luego a funcionarios
que debían auditar el crédito".
"En base a un peritaje del cuerpo de contadores de la Corte
Suprema de Justicia y de documentación allanada de los sindicatos,
Stornelli investigó sindicato por sindicato. La investigación
la inició por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans,
quien recibió un anónimo que describía cómo
el empresario de la salud Gustavo Aondi hizo en 1997 extracciones
millonarias de las cuentas de las obras sociales de Telefónicos
y de Obras Sanitarias de la sucursal Belgrano del Banco de la Nación".
"Aondi figura como directivo de las prestadoras médicas
SELDOM y Equipo de Salud S.A. y según el fiscal en 1998 constituyó
la empresa Low Beach Argencolor junto al titular del sindicato Capital
de Obras Sanitarias , ex superintendente de Obras Sociales del menemismo
entre 1996 y 1997 y actual directivo de la estatal AySA, José
Luis Lingeri. Este negó formar parte de esa empresa, dedicada
a buscar fondos para pilotos de Turismo Carretera (ver "La
denuncia...")".
"Sin embargo, la obra social de Lingeri _quien no era su presidente
en esa época sino su compañero Roberto Polanco_ recibió
más de 3 millones de dólares del crédito del
Banco Mundial que estaba destinado a pagar deudas, comprar equipamiento,
reducir personal y capacitar directivos según un decreto
del ex presidente Carlos Menem de 1996".
"Parte de ese dinero se usó para pagar a la empresa
Seldom, que también integraba Aondi, y con facturas que "no
aparecen conformadas, auditadas", afirma el fiscal Stornelli
en su detallada denuncia. Además, los 500 mil dólares
para "desarrollo institucional" los cobró una abogada
que, por un lado, firma certificaciones de deudas de la obra social
y, por otro lado, "era la representante legal de AV & Asociados",
la encargada de dar cursos de capacitación que aún
hoy no se sabe cuánto costaron".
"Más adelante, Stornelli contó el caso de la
obra social Ostel, de los telefónicos, luego de que Menem
privatizara ENTel, que recibió casi 6.500.000 dólares".
En el peritaje surgió que Equipos de Salud facturaba el 10%
de los servicios de esa obra social en 1996 antes del crédito.
En 1997, el año de los pagos, aparece fac turando de pronto
"el 50%" de los servicios y en el 98, cuando se agotó
ese recurso, no facturó ni un peso. Todo con el aval de los
funcionarios que dirigían el Programa de Reconversión
de Obras Sociales (PROS), que aprobaron el tercer tramo de ese crédito
pese a que "no habían cumplido" los dos primeros.
Además, "muchos de los funcionarios (que debían
auditar los préstamos) _dijo el fiscal_ tenían vinculación,
formaban parte o aparecen como contratados por otras obras sociales".
Los investigados
"El fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez Norberto
Oyarbibe la semana pasada la indagatoria de los sindicalistas Armando
Cavalieri (mercantiles), Gerardo Martínez (construcción),
Vicente Mastrocola (plásticos), Gerónimo Venegas (rurales),
Antonio Cassia (petroleros), Ramón Valle (seguros), Juan
José Zanola (bancarios), la cúpula de la obra social
de Obras Sanitarias que en ese momento no integraba Lingeri, Diógenes
Salazar (telefónicos) y Jorge Horacio Menem (obra social
de Encotesa). Ex funcionarios: Lelio Mármora (el mismo nombre
que el actual titular del INDEC), Jaime Saiegh, Luis Ceriani, Saúl
Rossi, Jorge Becerra, Walter Hondarre y Gerardo Casarello, entre
otros.
"Mezclar la obra social de mi sindicato con mi pasión
con el automovilismo es una ensalada", dijo a Clarín
José Luis Lingeri, titular del Sindicato de Obras Sanitarias
de la Capital y número dos de la CGT. Negó haber integrado
Low Beach Argencolor, junto al empresario de salud Gustavo Aondi.
"Mi obra social salió bien del peritaje; si subsisten
los problemas responderá como corresponde el titular de ese
momento, Roberto Polanco." También aseguró que
Aondi "no trabajó" en Obras Sanitarias sino en
el sanatorio Norte de Telefónicos".
Millonaria recaudación
En otro informe especial publicado en enero por el diario Clarín,
esta vez del periodista Ismael Bermúdez, se puntualizó
que "las 289 obras sociales nacionales sin el Pami, recaudaron
el año pasado casi 7.000 millones de pesos. Y cubrieron la
atención médica de 12 millones de trabajadores en
relación de dependencia, monotributistas, personal doméstico
y sus familias".
"El sistema se financia con un porcentaje de los sueldos a
cargo del empleador y del empleado. Y de una suma fija, en el caso
de los monotributistas y personal doméstico".
"El sistema está muy concentrado: las 10 primeras obras
sociales recaudan el 50% del total. Encabezan el ranking Empleados
de Comercio y Osde".
"Una parte de la recaudación va al Fondo de Redistribución,
que se encarga de abonar los tratamientos de alta complejidad y
de garantizar un ingreso mínimo por afiliado y familia, según
la composición y edades del grupo familiar".
"En 1997, y como parte del plan de reformas impulsado por el
Banco Mundial, se introdujo la posibilidad de cambiar de obra social.
El argumento fue que los traspasos introducirían "competencia"
en un sistema donde el trabajador y su familia estaban obligados
a quedarse en la obra social de la actividad que ejercía.
Y ayudaría a depurar al sistema de las obras sociales chicas
e ineficientes".
"Desde entonces hubo más de 1,5 millón de traspasos,
en especial hacia obras sociales chicas que cerraron acuerdos con
empresas prepagas. El sistema es fiscalizado por la Superintendencia
de Servicios de Salud".
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